Una persona universitaria vive entre tres y cinco años más que otra con educación primaria

La esperanza de vida en un país está condicionada por la alimentación, los servicios sanitarios y la educación. Sin embargo, hasta ahora en España no se habían cruzado de forma simultánea y en todo el territorio los datos de mortalidad, calidad de la salud y nivel formativo. Lo ha hecho por primera vez la Universidad Autónoma de Barcelona con datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017 a 2019. En el artículo Vivir menos y con peor salud: el peaje de la población menos instruida de España, Amand Blanes y Sergi Trias-Llimós, del Centro de Estudios Demográficos (CED), calculan que a los 30 años un varón con estudios superiores tiene una esperanza de vida de cinco años más que uno con formación primaria: 83,5 años frente a 78,4. En el caso de las mujeres, la desigualdad se acorta a poco más de tres años. A los 30 años, una mujer con título universitario puede aspirar a vivir hasta los 88 años, frente a los 84,9 de las poco formadas. A más años de vida, las desigualdades se atenúan.

A medida que se tiene más instrucción, señala el artículo de la revista del CED que se ha publicado este lunes, el desnivel entre hombres y mujeres mengua al tener ambos sexos comportamientos más parecidos ―respecto al tabaco, alcohol, comida, preocupación por la salud y uso de los recursos sanitarios―, aunque ellas siempre viven más de media. Trias-Llimós explica que se toma de referente los 30 años porque en la juventud se adquieren los comportamientos, se crean los grupos de amigos y, de todos los indicadores socioeconómicos (ingresos, ocupación, formación o riqueza heredada), el educativo es el más robusto.

El epidemiólogo Manuel Franco, que estudia las desigualdades en salud desde la Universidad de Alcalá (Madrid), remarca la importancia del nivel educativo frente al de renta: “Un mileurista con dos másteres va a tener un comportamiento hacia la salud individual y colectiva mejor que un narco riquísimo. La educación amortigua la diferencia de dinero”.

Los autores del estudio hablan de una triple penalización en la salud por la educación recibida. Los que tienen menor formación no solo viven menos, sino que lo hacen en peores condiciones. En España, la mortalidad debida a causas evitables ―tabaco, alcohol, suicidios, accidentes de tráfico o enfermedades cardiovasculares― representó de 2017 a 2019 alrededor del 65% de los fallecimientos entre personas de 30 a 74 años, pero con grandes diferencias en las franjas de edad por sexo.

Entre la población de 30 a 49 años se multiplica por 3,4 la mortalidad por causas evitables de los varones no instruidos y por 2,4 en las mujeres. Ellos sufren cáncer de pulmón, cirrosis y enfermedades isquémicas (obstrucción de las arterias) por malos hábitos; ellas, problemas cardiovasculares. En ambos sexos aumentan los fallecimientos por accidentes de tráfico.

En la franja de 50 a 74 años, las desigualdades en las muertes por causas evitables menguan, duplicándose en el caso de ellos y multiplicándose por 1,5 en ellas. “Las mujeres universitarias fueron las primeras en fumar y las penaliza”, recuerda Trias-Llimós. Fue la generación que empezó a trabajar, a usar anticonceptivos y a cambiar los hábitos. Los dos sexos padecen en este grupo de edad enfermedades isquémicas cerebrovasculares y cáncer colorrectal; ellos además sufren cáncer de pulmón y de hígado, y ellas cáncer de útero.

Percepción del bienestar

Los investigadores distinguen una tercera penalización en la salud por la educación, que se relaciona con la percepción que cada uno tiene de su bienestar. Franco explica que en todas las sociedades occidentales, ellas consideran que disfrutan de menos bienestar que ellos. “Al tener más esperanza de vida, las mujeres sufren también más enfermedades y además tienen menos dinero que los hombres. Y luego está la carga de la que habla el feminismo: el cuidado de los hijos, de los mayores, de los amigos... Mientras que los hombres pasan más tiempo libre, disfrutando socialmente y cuidándose”.

Es determinante lo que los expertos llaman alfabetización en salud. Trias-Llimós lo explica: “Los instruidos hacen más caso a las recomendaciones de salud, están más dispuestos a someterse a pruebas ―con un análisis o una mamografía― y entienden mejor las indicaciones del médico, siguen mejor un tratamiento”. Preguntan más a los médicos, tienen mayor comprensión lectora y ante una duda consultan más a los facultativos.

La educación mediatiza todo. Franco pone el ejemplo de la comida basura, que ha analizado en un estudio europeo. En un radio de 400 metros en torno a un colegio en un barrio desfavorecido hay un centenar de sitios en los que el escolar puede comprar chucherías, bollería y bebidas azucaradas, mientras que en una zona rica hay apenas cuatro (de media se contabilizan 17 tiendas.) Es una muestra de la evidente correlación entre la educación, la comida rápida, la obesidad y sus problemas derivados (colesterol, diabetes, insuficiencia cardiaca o tensión alta).

Unicef desarrolla actividades en los centros escolares españoles para promover la educación en salud. “No basta con que nos aseguremos de la nutrición de los niños, llevemos su calendario de vacunas o les animemos a moverse: nuestra labor principal consiste en pasarles el testigo para que, a medida que crecen, puedan cuidarse ellos solos. Tenemos que sentar las bases de su derecho a poder elegir una vida saludable”, sostiene la organización. ¿Y qué debe hacer la Administración? Trias-Llimós tiene claras las medidas a largo plazo: “Se necesitan campañas entre los jóvenes para desincentivar el consumo de drogas o alcohol”. Franco, que colabora con el investigador, es muy escéptico: “Hubo una campaña muy famosa contra las drogas en Estados Unidos en la que colaboraban profesores y policías, y se comprobó que después los chicos consumían más. Lo que hay que dar es toda la información, ser transparente, y muchas alternativas de ocio a los jóvenes”.

Los datos analizados por el CED pertenecen al periodo 2017-2019 y la pandemia no ha hecho más que ensanchar las desigualdades. La covid-19 se ha cebado entre los trabajadores con escasa formación que se veían obligados a salir y no tenían espacio en su casa para aislarse en caso de contagio, lo que supone una nueva penalización.

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