Ayoreos despojados de tierras venden hasta su cabello para sobrevivir

Malkya Tudela / Santa Cruz

Hace un mes, 30 familias ayoreas de la comunidad Yokidai-27 de Mayo fueron desalojadas con violencia de las tierras que les había cedido la nación guaraní dentro de la TCO Alto y Bajo Isoso. Ahora están alojadas en un coliseo de la capital cruceña con ganas de retornar a su comunidad, pero sin garantías para hacerlo.

En las afueras del coliseo, tres peluqueras miden los cabellos de las mujeres ayoreas con la intención de comprarles el pelo para elaborar pelucas y extensiones para los salones de belleza. Todo se hace al paso, en plena acera, mientras un vehículo estacionado espera a las peluqueras.

Desde que llegaron al coliseo, espacio cedido por la subalcaldía de la Villa Primero de Mayo, las familias duermen sobre el piso de cemento o en las graderías, sin colchones ni edredones para contener las bajas temperaturas del amanecer.

Unas 35 familias de la comunidad Yokidai-27 de Mayo fueron desalojadas con violencia el 22 de diciembre. Aida Chiqueno recuerda los hechos: “Ese día no pensamos nada de esos paisanos (migrantes). Nos fuimos a la venta (tienda) que queda a dos kilómetros y medio. A las cinco queríamos volver, vimos que había humo, sonaba el cohete. Lloré, las otras señoras lloraron, los chicos lloraron”.

No tienen documentos y las mujeres mayores no han cobrado su bono en dos meses a falta de esos papeles. El pasado miércoles por la tarde, ellas fueron las primeras en vender su largo y canoso cabello para conseguir algo de dinero.

Las familias cocinan en olla común, pero solo tienen garantizado el arroz. Tienen agua potable, pero los baños están en mal estado. Los niños comienzan a enfermarse con infecciones y algunas mujeres mayores sufren de diabetes y presión alta.

“Vienen a matarnos”

El desalojo de Yokidai ha quedado como un trauma en la memoria de las mujeres. Mariana Picaneray se emociona recordando: “Llegaron a las cinco y media de la tarde. No hablaron, solo escuchamos el tractor, corrí a un árbol porque ahí agarramos la señal del celular. Cuando vimos el tractor, yo me fui a buscar a mi hijo, yo no estaba pensando si venían a sacarnos con armas de fuego. Cuando atrás de mí ya agarraron a mi tía, a mi tío, dispararon al aire, yo dije ‘vienen a matarnos’”.

Los avasalladores se llevaron sus documentos de identidad, el libro de actas y sello de la comunidad, y hasta los títulos de bachiller del dirigente y de sus hijas. La abuela de Mariana no ha podido cobrar su bono por falta de papeles. Las familias afectadas tampoco pueden acceder a servicios médicos, dicen, por el mismo motivo.

“Encontré a mi hijo, pero no encontré a mi hermana embarazada de cinco meses, relata Mariana. La vi después en el monte. Sabemos que los que no nos quieren en la tierra están al norte, pero la otra comunidad que nos acepta está al otro lado. Por eso me fui al sur. Pedí agua. No podía alzarme un poco de agua porque tenía que correr al monte. No podía alzar las chinelas de mi hijo. Adelante encontramos un pozo de agua en el monte, y tomamos de ahí”.

En un informe del 31 de diciembre pasado, los técnicos del INRA reportaron el resultado de su inspección: alrededor de 20 viviendas con techo de calamina y paredes de tabique (barro) destruidas y quemadas; además de“la destrucción total de un generador de luz, cocinas, catres, colchones, motocicletas, televisores y otros desmanteladas y/o quemadas”.

“Ya desmontaron todo”

Un miembro de la comunidad Yokidai y la autoridad de la TCO Alto y Bajo Isoso (CABI), Gualberto Manuel Gamarra y Erwin Moreno, presentaron la demanda ante la Fiscalía por los delitos de robo agravado, agresión, avasallamiento, allanamiento, secuestro y otros.

Roy Gutiérrez explica que el capitán grande Gualberto Manuel tardó días en presentar la denuncia por estar afectado con coronavirus. A esto se sumó el hecho de que la demanda rebotó entre las fiscalías de Pailón y Cabezas (Charagua-Gutiérrez) , pues esas autoridades negaban tener jurisdicción.

Los demandantes entregaron fotografías de personas que actuaron en el desalojo y de la placa de una camioneta que utilizaron, además de identificar a miembros de la comunidad Guayacán II como los posibles autores de los delitos.

El director del INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, explica que en la inspección no encontraron personas ocupando el lugar. “No viven ahí, son productores, van, siembran y nadie vive ahí. Ya desmontaron todo. No cuentan con permiso de desmonte, ya han sembrado”, dice Roy Gutiérrez, asesor técnico de la TCO Alto y Bajo Isoso (CABI), sobre los avasalladores.

Al ser una TCO titulada a favor del pueblo guaraní, es decir sin títulos en trámite ni disputa de tierras fiscales, el INRA declara que no tiene competencia en el caso y que la inspección será su única actuación.

Trashumantes

Los ayoreos “se trasladan de un lugar a otro, no la delimitan (la tierra), ellos hacen el trabajo mínimo agrario…, por eso ese lugar ni siquiera es solamente cedido por los guaraníes, sino que los ayoreos años antes han venido transitando esos terrenos”, explica Adalberto Rojas. A la vez admite que en el caso de la comunidad Yokidai “se ha interrumpido su modo de vida”.

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— Ankhsun 13e'Emet Bey™ Sun Jul 25 05:15:35 +0000 2021

Los ayoreos alojados en el coliseo del Distrito 7 de Santa Cruz tienen más bien un relato de raigambre en su tierra. Las mujeres están preocupadas por sus sembradíos de maíz, frejol, zapallo, joco y sandía, y por sus gallinas, chanchos y perros abandonados.

Martín Perez, nacido en Villazón, es miembro de la comunidad por matrimonio con una ayorea. Fue golpeado y atado de manos junto a otros comunarios, subido a un vehículo y abandonado en medio de un camino vecinal. Él dice que los ayoreos de Yokidai buscan relacionarse con personas no ayoreas por las ideas de trabajo y ahorro que traen consigo.

Sean sedentarios o trashumantes, la comunidad Yokidai no tiene tierras de su propiedad.

Miguel Vargas, director del Cejis, explica que existe “una deuda pendiente desde el Estado con el pueblo ayoreo, que está en situación de alta vulnerabilidad”. A pesar de ello, los ayoreos tienen tituladas a su favor varias TCO: Santa Teresita, Sapocó, Rincón del Tigre y Tobité.

“La presión en la Colonia y en la última etapa del siglo XX, con presencia de la iglesia evangélica, ha hecho que las instancias orgánicas de los ayoreo se debiliten”, dice Vargas.

Mariana sigue con pena de lo que pueda sucederle a su padre, Daniel Picaneray: “Querían quemar en vivo a mi padre, mi tía me dijo ‘buscaron a tu papá para quemarlo en vivo porque él es dirigente de aquí’”.

Daniel Picaneray pasa sus días junto a su comunidad, en el coliseo del Distrito 7. Explica que la comunidad Yokidai tenía un año en este lugar al haberse desprendido de otra comunidad ayorea Posa Verdes, que también tiene permiso de los guaraníes para ocupar tierras temporalmente de la TCO Alto y Bajo Isoso.

“Hay un dirigente guaraní que vende tierras. A nosotros no nos quieren porque no estamos pagando”, dice Picaneray.

Dirigencias paralelas

La TCO Alto y Bajo Isoso (CABI) tiene internamente un problema orgánico. Hay dos dirigencias que se atribuyen la representación, por un lado está Gualberto Manuel y, por otro, está Hubert Ribero, que específicamente se dice representante de Bajo Isoso. A la vez, ambos representantes actúan también en función de disponer la tierra.

“Se decía que eran comunidades interculturales (las que avasallaron en Yokidai). A nuestras oficinas llegan dirigentes de las comunidades guaraníes y nos dicen que ellos también en alguna oportunidad hicieron convenios con comunidades campesinas que no eran interculturales”, dice Adalberto Rojas.

Para Miguel Vargas, del Cejis, este problema está vinculado a la presencia de interculturales en el área de conservación e importancia ecológica Ñembi Guasu, creada en 1,2 millones de hectáreas por la autonomía indígena de Charagua, donde desde 2018 -2019 el INRA ha autorizado alrededor de 89 asentamientos de grupos interculturales.

“Esta zona está en disputa, es parte de la ampliación de la frontera agrícola a la zona del Chaco. Todo lo que es la Chiquitana, Santa Cruz del este, se está ampliando, está llegando a la zona del Chaco y está generando estas tensiones”, dice Vargas.

¿Cuán frecuente es encontrar comunidades indígenas sin tierra? Adalberto Rojas explica queocho meses después de asumir la función se dio cuenta del problema: “En la Ciidob nos enteramos que muchas de las comunidades lugareñas en la Chiquitana estaban sin tierra, porque se considera al haber aprobado la TCO de las comunidades indígenas , muchos ya tienen lugar donde estar, pero eso no es así”.

Volver a qué

Adalberto Rojas explica también que ha sugerido a los ayoreos que regresen a su comunidad: “Les aconsejamos que vuelvan a su territorio, pero eso tendría que hacerse con protección pública o con un proyecto que se pueda desarrollar en el lugar”.

“Ayer cuando fuimos a dejar víveres había niños enfermos que tuvimos que llevar en la camioneta al centro de salud. Quisieron hacerse vacunar contra la covid por una brigada, pero no pudieron porque usted sabe que se necesita fotocopia de carnet. No están acostumbrados a estar en la ciudad”, dice la asambleísta ayorea Gigliana Etacoré, que ha visitado a la comunidad en el coliseo del Distrito 7, en la periferia de la capital cruceña.

Ella ha conseguido donaciones de ropa y abrigo para las mujeres, niños y adultos mayores, y gestionaba la visita de la Defensoría del Pueblo para llevar alguna ayuda humanitaria a las familias ayoreas.

Sin embargo, las necesidades de la gente crecen con el tiempo: comienzan a aparecer malestares físicos y psicológicos por estar alejados de su tierra.

“Hay algunos que están tosiendo, están con fiebre. Los vecinos nos están dando ropa y víveres. Vinieron dirigentes y pedimos que traigan colchones, pero ya no queremos estar aquí, queremos volver a nuestra tierra, a nuestra casa”, dice Mariana, mientras las mujeres asienten.